De nada serviría

La eventual liquidación de las EPS intervenidas o en crisis, sin la implementación previa de un plan de contingencia técnicamente sólido para cerca de 12 millones de usuarios, podría generar efectos adversos superiores a los actualmente observados en el sistema. En particular, se podrían ver comprometidos el suministro oportuno de medicamentos, la continuidad de tratamientos y la garantía efectiva de la prestación de servicios de salud.

Adicionalmente, las obligaciones financieras acumuladas con la red hospitalaria, los prestadores de servicios de salud y los proveedores entrarían en un escenario de alta incertidumbre jurídica y financiera. La experiencia histórica demuestra que, en ausencia de mecanismos claros de asignación de responsabilidades y de pago, estos procesos tienden a derivar en la destrucción de capacidad instalada. Los casos de Saludcoop y Cafesalud evidencian cómo la falta de planeación en los procesos de liquidación genera interrupciones en la atención, suspensión de servicios y afectaciones directas a la liquidez de los prestadores. En dichos escenarios, una proporción significativa de pequeños y medianos prestadores, así como talento humano en salud, enfrenta pérdidas económicas ante la inexistencia de responsables que asuman las deudas.

Un antecedente adicional se encuentra en la liquidación de Comfamiliar del Huila, cuyo impacto regional derivó en la insolvencia de múltiples prestadores debido al incumplimiento de obligaciones contractuales. A la fecha, persisten saldos significativos sin un responsable claramente definido ni un horizonte de recuperación en el mediano plazo.

Desde una perspectiva estructural, el fortalecimiento del sistema de salud no debería orientarse hacia esquemas de administración centralizada similares al antiguo Seguro Social, cuya evidencia histórica mostró limitaciones en eficiencia operativa, sostenibilidad financiera y control de la corrupción.

En este contexto, resulta pertinente avanzar hacia un modelo mixto de aseguramiento y prestación, centrado en el usuario, que garantice la continuidad en la atención, fortalezca las condiciones laborales del talento humano en salud y establezca mecanismos robustos de inspección, vigilancia y control de los recursos. Este modelo requiere el diseño de instrumentos técnicos que permitan mejorar la trazabilidad financiera, optimizar la asignación de recursos y mitigar riesgos de corrupción.