Un salto al desarrollo

Colombia difícilmente superará su rezago si mantiene tasas de crecimiento económico cercanas al 2 % anual. Tras el rebote posterior a la pandemia, el crecimiento del PIB en 2024 fue de apenas 0,3 %, frente al 2,6 % registrado en 2023. Este bajo dinamismo resulta especialmente preocupante si se considera que la expansión estuvo impulsada principalmente por sectores extractivos como el café, el petróleo y el carbón. En contraste, la industria manufacturera mostró un desempeño marginal, con un crecimiento cercano al 0,5 % en 2025, lo que evidencia la persistencia de una estructura productiva primario-exportadora con limitada generación de valor agregado.

En términos comparativos, economías del sudeste asiático como Vietnam e Indonesia, así como Turquía, han registrado crecimientos acumulados superiores al 50 % de su PIB real en la última década. Este desempeño responde a estrategias de industrialización, diversificación productiva e inserción en cadenas globales de valor, apoyadas en inversiones significativas en infraestructura, capital humano y modernización tecnológica. Colombia, por el contrario, enfrenta restricciones derivadas de la polarización política y la falta de consensos en torno a una agenda de desarrollo de largo plazo.

El contexto internacional actual, marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro y las tensiones geopolíticas entre Oriente y Occidente, abre oportunidades para atraer inversión extranjera directa bajo esquemas de nearshoring. Dada su ubicación geográfica estratégica, el país podría posicionarse como un nodo logístico relevante. Sin embargo, esto requiere acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura en transporte y logística —incluyendo puertos, aeropuertos y corredores viales— que reduzcan costos y mejoren la competitividad. Casos como los retrasos en la conexión vial entre Antioquia y el mar, así como en el desarrollo portuario en Urabá, reflejan cuellos de botella institucionales que afectan la materialización de estas oportunidades.

Adicionalmente, la incertidumbre regulatoria y la percepción de inseguridad jurídica inciden negativamente en las decisiones de inversión.

Desde una perspectiva fiscal, el bajo crecimiento limita la capacidad de generación de ingresos tributarios y restringe el espacio para políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza y la desigualdad.

En el marco del debate electoral presidencial, resulta fundamental priorizar la discusión sobre políticas de crecimiento y desarrollo productivo. Más allá de planteamientos retóricos, se requiere la formulación de propuestas técnicamente sólidas, orientadas a elevar la productividad, fomentar la inversión y transformar la estructura económica, con el fin de encaminar al país hacia una senda de crecimiento.